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Publicaciones temáticas en las que participamos desde los trabajos colectivos con otras organizaciones.

Es un documento que recoge los hallazgos de un monitoreo en la región norte de México realizado con organizaciones socias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR) en el periodo de julio a octubre del 2023. (Versión en inglés)

Recogemos en este escrito las “vueltas en compañía” que hemos escuchado y vivido con las personas defensoras de la población migrante, con las cuales hemos tenido la suerte de compartir viajes, talleres y conversaciones. Desde el Colectivo Ansur[1], y de la mano de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TdT), quisimos visibilizar lo que supusieron para las personas defensoras las llamadas “caravanas migrantes”, que inician en octubre de 2018[2]. Se trata de un acontecimiento, nuevo en sus proporciones, con un fuerte y duradero impacto, hasta el día de hoy.

El Plan de Acción de Brasil fue descrito como “una hoja de ruta común para fortalecer la protección y promover soluciones sostenibles para las personas refugiadas, desplazadas y apátridas en Latinoamérica y el Caribe dentro de un Marco de Cooperación y Solidaridad”. 

Surgido como parte de la Iniciativa Cartagena +30 y de la Declaración de Brasil, el Plan de Acción fue diseñado para impulsar los compromisos originales de la Declaración de Cartagena, y dividido para su implementación 
en programas y acciones.

En la documentación de 2012 a 2016, se registran 302 casos que afectaron a 1,037 personas y 422 colectivos. Sin embargo, hasta julio de 2017, se contabilizan 106 personas defensoras asesinadas y 81 personas desaparecidas, cifras que dan cuenta de la grave crisis que se vive en México en lo referido a la situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos; una realidad demasiado desconocida para la población mexicana y para la comunidad internacional, una realidad que no recibe suficiente atención por parte de las autoridades competentes en la materia.

El presente informe es resultado del trabajo participativo de diferentes organizaciones, redes y personas defensoras de derechos humanos que trabajan con población migrante y sujeta de protección internacional en México, Norteamérica y Centroamérica.

 

Es un documento que tiene por objetivo presentar información actualizada al Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares (CMW) sobre el contexto migratorio en México, los principales retos y puntos de preocupación que la sociedad civil identifica a través de su trabajo y en respuesta a las cuestiones que el Comité definió para que México presentará su Tercer Informe Periódico. Asimismo presenta una serie de recomendaciones sobre las acciones que consideramos que México debiera implementar a corto, mediano y largo plazo.

El CCINM decidió emprender una misión de monitoreo con el propósito específico de identificar los vacíos y obstáculos que impiden la plena protección de las personas migrantes en los centros del INM.7 Este Informe es resultado de ese ejercicio, donde las OSC estuvieron presentes y en el que varias de ellas lograron materializar sus esfuerzos al poder ingresar sin restricciones a los centros de detención y observar las condiciones de las personas migrantes ahí detenidas, pero también pudieron conocer la realidad de las autoridades migratorias en su mandato de control y verificación migratoria. El siguiente paso será presentar propuestas de solución y seguimiento en colaboración con el INM, otras instituciones gubernamentales y OSC, toda vez que es de nuestro especial interés resaltar la importancia de la participación de la sociedad civil en las labores de observancia a las actividades del Estado como un ente coadyuvante en mejorar la política migratoria.

Desde el 2014 ha incrementado drásticamente el número de personas migrantes que viajan por México huyendo de la violencia en sus países, de las amenazas de las pandillas y luchando, literalmente, por sus vidas. La mayoría proviene de los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras). Una vez que cruzan a México suelen encontrar más violencia y, al igual que en sus países de origen, los delitos y abusos de los que son víctimas casi nunca se investigan ni castigan. Y aunque México afirma que “se enfoca en la protección de derechos humanos de las personas migrantes”, los testimonios de las personas migrantes muestran una realidad distinta. Las extorsiones, secuestros, tortura, abuso y violación sexual, homicidios, asaltos y desapariciones de migrantes ocurren con frecuencia.
[...]

La labor de las y los defensores de derechos humanos y periodistas es fundamental en la construcción de una sociedad más justa y democrática, por lo que las agresiones contra las personas que integran estas poblaciones (ya sea cometidas por particulares o por agentes del Estado), constituyen ataques contra los derechos de toda la población. [...] A pesar de que México ha demostrado un fuerte compromiso con el desarrollo normativo internacional y ha ratificado la mayoría de los tratados internacionales, incluyendo la mayor parte de los instrumentos de derechos humanos, la situación de riesgo que enfrentan las y los defensores, así como periodistas, es sumamente palpable en México.

El 3 de septiembre de 2016, en un evento público con el candidato presidencial republicano de los Estados Unidos Donald Trump, el presidente de México Enrique Peña Nieto dijo que es de vital importancia para su gobierno y para la relación con los Estados Unidos hacer la frontera de México con Centroamérica “más segura”. Este discurso no es nuevo. En julio de 2014 México anunció el controversial “Programa Frontera Sur” y, desde entonces, ha implementado una política que da prioridad a “asegurar” la frontera sur del país de migrantes a través de medidas de control y un aumento significativo de detenciones y deportaciones, ignorando las preocupaciones sobre los derechos humanos de los migrantes y potenciales refugiados que viajan a través de México, en particular desde Honduras, El Salvador y Guatemala.

Mientras persisten nulos avances en el combate a la impunidad, las actividades de control se han intensificado; los migrantes están siendo detenidos y deportados tan rápidamente que las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de derechos humanos y los abogados de asilo tienen pocas oportunidades de escuchar sus historias acerca de lo que experimentan en México o los motivos por los cuales salen de sus países. 

Las amenazas, hostigamientos, deslegitimaciones, agresiones físicas, detenciones, encarcela- mientos, desapariciones y asesinatos son algunas situaciones que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas enfrentan en México por el solo hecho de velar por el resguardo de los derechos humanos y la libre expresión. 

El Informe “Acompañando Sueños. Transitando Fronteras”, es un trabajo de la Iniciativa Frontera Norte de México (IFNM), bajo su programa Acción Articulada Noreste (AAN), que busca fortalecer a las organizaciones de defensa de migrantes, consolidando sus procesos de formación política y contribuyendo a generar condiciones que les permitan seguir ejerciendo su labor como defensoras de derechos humanos bajo un marco fundamental de protección. 

Derechos Cautivos es el resultado del trabajo de cinco organizaciones dedicadas a la defensa de personas mi- grantes y sujetas de protección internacional y especial- mente de aquellas que se ven privadas de su derecho a la libertad de movimiento. Al carecer de documentos que acrediten una regular estancia en el país son trasladadas a alguno de los más de 50 centros de detención migratoria (llamados estaciones migratorias y estancias provisiona- les) de México. 

En los últimos años de trabajo con población migrante y sus familias, a decir de los testimonios de la propia población tocada por la migración, así como de diversas organi- zaciones que trabajan con ella, constatamos que los contextos de nuestros territorios de México y Centroamérica recrudecen.  

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